Derechos Sexuales y Reproductivos: Avances y retrocesos violentos contra las mujeres mexicanas

En materia de derechos reproductivos, nuestro país cuenta con un largo historial de avances y retrocesos, son estos últimos, por su irracionalidad jurídica, los que han llevado a criminalizar a las mujeres al grado de perseguirlas, denunciarlas y procesarlas, no sólo por el delito de aborto, sino bajo acusaciones de homicidio agravado en razón de parentesco, infanticidio, o fabricando delitos aberrantes como el de homicidio en agravio de un producto en gestación, todos con condenas que promedian los treinta años de prisión.

Con un gobierno local de izquierda y con los cálculos políticos de abordar un tema polémico bien aquilatados, en el mes de abril del año 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal votó por la despenalización del aborto voluntario hasta la doceava semana de gestación, aprobando reformas tanto al código penal de la ciudad de México, como a su correspondiente ley de salud. La estrategia legislativa consistió en reformular la definición jurídica del delito de aborto, quedando la siguiente redacción “aborto es la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de gestación”. Por lo tanto, la interrupción de un embarazo únicamente puede penalizarse a partir de la semana 13 de gestación, siendo lícitos los abortos consentidos o procurados dentro de las primeras 12 semanas de embarazo (Artículo 144 CPDF).

Pasado un mes de que el gobierno de la ciudad inició el servicio de la
interrupción legal del embarazo (ILE), las reacciones del clero político y de los grupos conservadores, que proponemos llamar grupos anti-derechos, comenzaron a organizarse con recursos y actuar de una forma en extremo violenta. El gobierno federal integrado por algunos grupos de extrema derecha, por conducto del titular de la procuración de justicia, y con la complicidad vergonzosa del entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), intentaron echar abajo los avances legislativos logrados en la ciudad de México, interponiendo como estrategia de litigio, acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. La argumentación central del citado recurso legal, era más ideológica que jurídica y reflejaba un total desconocimiento de los compromisos adquiridos por México a nivel internacional con la firma de los tratados de derechos humanos que protegen a las mujeres, con los objetivos del milenio para disminuir la muerte materna y con el cumplimiento a las recomendaciones que varios organismos internacionales habían hecho en reiteradas ocasiones al Estado mexicano en el sentido de eliminar los marcos restrictivos a los derechos reproductivos.

El histórico día 28 de Agosto del 2008, ocho ministros y ministras de un total de once que forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvieron que las reformas en materia penal y de salud hechas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eran constitucionales. Esta resolución representó un parte-aguas político y jurídico para todo el país, pues el concreto derecho a decidir de las mujeres quedó priorizado sobre un abstracto derecho a la vida.

La despenalización del aborto voluntario hasta la doceava semana de
gestación y los servicios de salud reproductiva gratuitos, colocaron a la ciudad de México a la vanguardia en América Latina. El desarrollo
argumentativo que tuvo lugar en lo social y en lo jurídico, será un importante referente para los procesos futuros de la región latinoamericana, por lo que las organizaciones civiles y la academia han cuidado su adecuada documentación.

Unas semanas antes de que finalizara el año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia que validaba la constitucionalidad de las reformas legislativas en el Distrito Federal. Es importante notar que a diferencia de la riqueza argumentativa del debate en el Pleno, para el engrose de la sentencia, se optó por una enunciación jurídica formalista y excesivamente literal que dejó flancos débiles, de manera intencional, por los que se coló una estrategia perversa de corte conservador con notorios tintes fundamentalistas, planeada desde las cúpulas del poder en contubernio con el clero político y que ha causado graves daños a la vida y a la salud de muchas mujeres mexicanas, que en su mayoría viven pobreza.

La estrategia perversa de corte conservador tenía la clara intención de blindar a las entidades federativas para impedir que se legisle en favor de la despenalización del delito de aborto y vulnerando flagrantemente la laicidad del Estado, en un lapso de dieciocho meses contados a partir de la resolución judicial citada, los congresos locales de 16 Estados de la República Mexicana votaron de una forma irregular y contraria a los principios de la democracia, modificaciones a sus constituciones políticas locales, en el sentido de “proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación hasta la muerte natural”.

Lourdes Enríquez Rosas


Lourdes Enríquez Rosas es profesora, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en estética y filosofía
política, y coordinadora del Seminario de Investigación permanente “Alteridad y Exclusiones: Vocabulario para el debate social y político”

Texto del Programa Universitario de Estudios de Género

Sigue este link para leer el texto completo:

http://www.pueg.unam.mx/images/textos_interes/derechos_sexuales_y_reproductivos_avances_y_retrocesos_violentos_contra_las_mujeres_mexicanas.pdf

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