Transgresoras de la palabra: defensoras de derechos humanos

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Por Atziri Ávila // @AtzirieAvila

Las defensoras de derechos humanos somos mujeres que de manera individual o colectiva, promovemos y defendemos los derechos humanos universalmente reconocidos. Nuestra razón de ser, deriva ya sea de una decisión propia; de la necesidad de exigir justicia por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos; de la necesidad de alzar la voz; de luchar por una vida digna y de construir la transformación social hacia un mundo más justo e igualitario.

Defensoras de los derechos humanos son las mujeres que luchan en defensa de su territorio en las comunidades indígenas y que las defienden de los megaproyectos y los intereses transnacionales;  las mujeres que exigen medicamentos y atención medica adecuada en su comunidad; las mujeres que defienden el derecho a la educación, los derechos laborales; las mujeres que exigen el cese a todo tipo de violencia contra las mujeres; quienes visibilizan y demandan justicia ante el feminicidio; quienes buscan a sus familiares desaparecidos y recorren largos caminos contra la desaparición forzada; quienes defienden derechos sexuales y reproductivos, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos;  las mujeres que a través de su voz y su palabra difunden los derechos humanos y las violaciones en contra de ellos.

Somos mujeres que hemos transgredido los roles y estereotipos de género; desafiando las normas culturalmente impuestas.

Mujeres que participamos y actuamos para visibilizar y denunciar los abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades municipales, estatales y federales; abusos de empresas nacionales e internacionales que buscan dar continuidad a un sistema patriarcal que deshumaniza cada vez más la sociedad en la que vivimos.

Mujeres que han visto trastocado su proyecto de vida, luego de alguna violación a los derechos, razón que ha hecho que sus casas sean ahora las calles y su motor: la exigencia de justicia.

Desde diversos contextos y espacios, apostamos a la construcción de un mundo en donde los derechos humanos sean respetados, ejercidos y garantizados.

A través de acciones públicas y no públicas combatimos las condiciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres.

Buscamos ofrecer alternativas de emancipación para las mujeres y para la construcción de nuevas sociedades; procesos reflexivos  de construcción  pensamiento crítico y de acciones propositivas para lograr una vida digna.

Sin embargo, a pesar de que el aporte de las defensoras busca ser de beneficio para la sociedad; los interés que tocamos nos colocan en situación de vulnerabilidad a través de la cual hemos sido objeto de diversos tipos de agresiones. Agresiones que violentan nuestro ser mujer, además de cuestionar nuestra labor como defensoras de derechos humanos.

Y es que, las mujeres defensoras de derechos humanos, además del riesgo que enfrentan los defensores varones, enfrentamos riesgos específicos por nuestra condición de género: amenazas de violación sexual; violación sexual; hostigamiento sexual y laboral; amenazas de atentar contra nuestras hijas e hijos; campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista; ridiculización de nuestra sexualidad; feminicidio; entre otras.

Las agresiones se hacen presentes a través de los allanamientos a nuestros domicilios.  En casos documentados recientemente contra mujeres defensoras y periodistas, éstos reflejan claros componentes de género, al dejar sobre sus camas la ropa íntima revuelta; huellas visibles en espacios íntimos, mensajes vinculados con su sexualidad, entre otros.

Las agresiones se hacen presentes también a través de mensajes amenazantes en nuestras oficinas; seguimiento y persecución; campañas difamatorias en nuestras comunidades; mensajes e imágenes agresivas en las redes sociales.

Dichas acciones, además de mermar la labor de las defensoras, generan impactos diferenciados que afectan el trabajo, a la organización a la que pertenecen, su estabilidad emocional, el entorno familiar, entre otros impactos.

En está última década, el incremento de violaciones a los derechos humanos ha incrementado también las agresiones contra las defensoras en nuestro país. A través de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentaron 118 agresiones en 2012; 189 en 2013 y 308 en 2014.

En la mayoría de los casos la impunidad se hace presente y muchas veces son las propias autoridades quienes las agreden.

Ante ello, desde la sociedad civil; desde las propias defensoras de derechos humanos, hemos generado espacios de convergencia, identidad y comunidad; pactos contra la violencia patriarcal; espacios para generar estrategias de protección y prevención; apostamos a la construcción de medidas reales que puedan desactivar la violencia contra las mujeres.

Exigimos al Estado cumpla con la responsabilidad de garantizar el derecho a defender los derechos humanos y políticas de prevención, y apostamos a tejer y construir en Redes de mujeres, porque estamos convencidas de que las redes salvan vidas.

Hemos logrado reconocernos y reivindicarnos como defensoras de derechos humanos, así como nuestra labor y nuestro aporte específico. Sabemos que es necesario que como sociedad civil defendamos y exijamos el respeto a la labor de quienes defendemos los derechos humanos en contextos urbanos y comunitarios, desde donde contribuimos e impulsamos  la transformación para el cambio social.

Sin duda el 2015 ha sido un año que continúa cimbrando nuestro hacer. Pese a los obstáculos: Digna Ochoa, Marisela Escobedo, Josefina Reyes, Manuelita Solís, Bety Cariño, Rocío Mesino, Nadia Vera son mujeres que continúan sembrando nuestra esperanza e iluminando el camino del nuevo mundo que construimos día con día.

Recibimos el 2016 con nuevos retos y desafíos con la firme convicción de continuar ejerciendo nuestra labor. Tenemos sueños y utopías, pero también la claridad de que nuestro actuar cotidiano es legítimo y que impacta positivamente a nuestra sociedad.

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Atziri Ávila es comunicóloga social, activista y defensora de derechos humanos y Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

*La foto del principio es de Robert Darch. La segunda es de Atziri Ávila.

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Ya no hay donde desnudarse tranquilxs

Por Ana Mata // @tatatactictac

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Me fascina el vestidor del gimnasio. El lugar es húmedo y caluroso, con techos bajos, puertas de vidrio y casilleros viejos. Da la impresión del esplendor opaco de otra época. Como un contenedor por donde han pasado diferentes mujeres en diferentes tiempos; lo que cambia es lo de adentro.

La mística de los vestidores para mí residió en la posibilidad de estar desnuda. De chica, los vestidores de los clubes deportivos fueron el primer lugar donde pude ver cuerpos femeninos como se ven más a menudo. Antes sólo había visto el cuerpo de mi madre y el de las modelos que posaba en las revistas que mirábamos con mis primas. En cambio en los vestidores he visto cuerpos de lo más variados acicalándose frente a los espejos.

A mí me animaban a que me desnudara sin pudor. No pasa nada –recuerdo cada palabra- aquí sólo hay mujeres. Mujeres como a mí me habían enseñado que eran las mujeres: cuerpos con pechos y triángulos oscuros de pelo púbico. No pasa nada, era lo mismo que decir: aquí no hay hombres. Pero lo que en realidad se estaba dejando de plantear es que también podían haber mujeres que miraran a otras mujeres como miran los hombre. Mujeres que gustaran de las mujeres.

Si soy sincera los vestidores nunca me parecieron lugares particularmente “seguros” para desnudarse porque no habían hombres. Nunca me costó más trabajo desnudarme frente a un hombre que desnudarme frente a una mujer.

Sin embargo, hay mujeres que hoy se sienten incómodas ante la posibilidad de estas “nuevas” -no son nuevas- mujeres que se filtran a los vestidores y miran como miran los hombres. Lo sé porque lo dicen. Lo noto mientras camino por el pasillo de las regaderas y veo como algunas ajustan la cortina con urgencia para no ser vistas. Leo en sus caras lo que piensan: ya no hay dónde desnudarse tranquilas.

Y esto simplemente me fascina no sólo porque se están teniendo que desarmar prejuicios sobre la orientación sexual, si no que también me gusta pensar que nadie está a salvo de la mirada -y el encuentro- con otrx. Todxs estamos expuestxs y esa exposición habla bien de nosotrxs, habla de una apertura a la diversidad humana con la que continuamos teniendo que aprender a interactuar.

Descuiden, la tranquilidad que se perdió en los vestidores vendrá por otro lado, quizás surgirá de la libertad de poder estar en paz ante las miradas, sin miedo al prejuicio, al odio, a la violencia. Mientras tanto, nos queda defender el poder ser y vivir toda la potencia que nos da el ver y el ser vistxs.

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Ana Mata es psicóloga, cineasta y maestra en Derechos Humanos.

*La fotografía es de Julie Hascoët

 

 

 

 

 

 

La falta de acceso de las mujeres a la justicia: sobre violencia de género en México

Por Ana Miranda // @AnninaMiranda

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“Cada 24 horas se consuman 7.2 feminicidios en México” señaló el coordinador de asuntos jurídicos del INMujeres, Pablo Navarrete, el pasado 9 de octubre en el marco del Foro Nacional “Violencia Feminicida y Alerta de Violencia de Género” realizado en el Distrito Federal. Con esta desalentadora cifra se justifican las Alertas de Violencia de Género (AVG) para dos estados de México. La primera, el 31 de julio de 2015, para 11 de los 125 municipios del Estado de México; la segunda, el 10 de agosto para 8 de los 33 municipios del Estado de Morelos.

El Foro se propuso “brindar herramientas teóricas y prácticas para erradicar la violencia feminicida y explicar el alcance de la declaratoria de la AVG”. Las intervenciones de los participantes confluyeron en una misma preocupación: ¿es la AVG una herramienta efectiva?, ¿cómo garantiza este instrumento los derechos de las mujeres? Los cuestionamientos recogen justificadamente las exigencias de la sociedad civil por la eficacia, el cumplimiento y la implementación de los protocolos de protección de los derechos de las mujeres en situación de violencia.

Lleno de anécdotas, explicaciones sobre cómo funciona administrativamente el mecanismo y detalladas experiencias de los participantes en dichos procedimientos, el Foro fue, sin duda, un ejercicio de exploración y reflexión necesario del cual se debe informar a la ciudadanía. Sin embargo, ante la urgencia de ofrecer acciones preventivas, de seguridad y de acceso a la justicia ante el homicidio sistemático de mujeres por razón de género, dicho Foro se limitó a explicaciones administrativas sin realmente aclarar cómo garantiza este instrumento los derechos de las niñas y mujeres. La AVG como herramienta representa sólo una parte de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) [1] y es un mecanismo legal de carácter inaplazable y que requiere de acciones urgentes por parte del gobierno para enfrentar dicha violencia en un territorio determinado. Pensar que la AVG logrará abatir toda la violencia feminicida, invisibiliza los distintos tipos de violencia (psicológica, física, patrimonial, económica y sexual) que evidenció la LGAMVLV desde el 2007, y que requieren de un tratamiento específico más allá de la AVG.

La creación de la LGAMVLV representa un logro de las diversas demandas de mujeres activistas y académicas por dar respuesta al alarmante contexto de asesinatos de mujeres y niñas en México. En diciembre del 2005 la incursión feminista en el órgano legislativo de México logró poner en la agenda política la desaparición, secuestro, tortura y homicidios de mujeres y niñas en el país. De acuerdo con Marcela Lagarde [2] -feminista que presidió la Comisión Especial que se encargaría de llevar a término la LGAMVLV- esta ley no es punitiva sino que propone un reordenamiento político para abatir las causas de la violencia. La LGAMVLV se diseño como un instrumento jurídico que no busca castigar al agresor sino garantizar el derecho a la vida de las mujeres y asegurar sus derechos. Si bien contempla sanciones -por ejemplo para feminicidio se aplica en el artículo 325 del Código Penal Federal-, debido a su naturaleza administrativa no está en su poder imponer castigos.

Otro objetivo de esta Comisión fue tipificar el feminicidio como delito de lesa humanidad. La elaboración de una categoría que integrara los elementos concretos de esos asesinatos y que evidenciara los diversos tipos de violencia que sufren las mujeres y las niñas, ha sido el resultado de una larga discusión en el debate feminista que logró introducirse en la discusión pública. El feminicidio es un concepto que de acuerdo con sus creadoras, Diana Russell y Jill Radford [3], ubica los homicidios contra niñas y mujeres como parte de la violencia de género, evidenciando con ello su dimensión pública y social. Esta categoría busca mostrar que los homicidios cometidos contra mujeres y niñas no se reducen a homicidios dolosos o culposos. Éstos se distinguen por el conjunto de conductas violentas contra las mujeres, asesinatos perpetrados contra los cuerpos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La diferencia introducida por esta categoría no es un simple matiz que refiere “homicidio en femenino”, es un cambio de perspectiva que busca cuestionar por un lado, la situación en la que viven las mujeres en la actual organización social, económica y política y por el otro, el tipo de relación que las mujeres guardan con sus pares masculinos.

Es importante recalcar los avances que la LGAMVLV ha logrado: al introducir la perspectiva de género y la de los derechos humanos, posibilitó el desarrollo de un aparato legal que considera las diferentes modalidades de violencia y puso en el espacio público la pregunta por la situación jurídica y política de las mujeres en México. Lo que implica reconocer que la violencia contra la mujer no es un hecho privado y familiar, se trata de un tipo de violencia inherente al sistema de relaciones sociales, es decir, es estructural y sistemática. En el contexto de esta ley, la violencia feminicida se inscribe como el conjunto de condiciones de violencia que pueden conducir al feminicidio.

Como se ve, esta ley nació con la intención de transformar las condiciones que vulneran la seguridad y los derechos de las mujeres. El principal objetivo de dicha ley busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica que los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) deben intervenir para prevenir, atender, investigar y reparar el daño, tal como se establece en su artículo 20. Es decir, esta ley implica un reordenamiento político de las condiciones fácticas de las vidas de las mujeres que no se agota en la implementación de un mecanismo como la AVG. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué implicaciones prácticas tiene una ley que no busca castigar?

Para responder este cuestionamiento no se pueden dejar de mencionar algunos de los serios problemas que enfrenta dicha ley en la práctica, entre ellos, la discriminación en las averiguaciones, en los peritajes, el enfrentamiento de las víctimas con funcionarios negligentes y la revictimización de las mujeres en el proceso de investigación. Consideramos fundamental comprender lo que implican conceptos tales como: prevenir, atender, investigar y reparación. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que contamos con una categoría que engloba cada una de estas nociones: la justicia. Sostenemos que uno de los principales problemas para acceder a una vida libre de violencia, radica en la falta de acceso de las mujeres a la justicia.

Para comprender mejor esto, resulta pertinente atender al análisis de la justicia realizado por Aristóteles en la Ética Nicomáquea. En el libro V el filósofo griego, revisa fundamentalmente dos tipos: la justicia distributiva y la justicia correctiva. La primera consiste en la distribución de los bienes compartidos entre los miembros de una comunidad. La segunda, establece los tratos en las relaciones entre individuos y se vincula con la aplicación de la ley de acuerdo a un criterio de igualdad presupuesto entre los individuos. Así, de acuerdo con Aristóteles la ley debe considerar la naturaleza del daño y tratar a ambas partes como iguales, tanto al que comete el daño como a quien lo recibe. Siguiendo esta lógica, el juez intentará restaurar la desigualdad introducida por el daño cometido. Es decir, se trata de igualar la relación de asimetría provocada por el daño, de restablecer el estado de bienestar de quién sufrió el daño. Si bien Aristóteles, considera este tipo de justicia correctiva principalmente como punitiva, consideramos fundamental recuperar esta noción de justicia porque incluye otro aspecto menos reconocido: la reparación de los daños. Este tipo de justicia, trata de restablecer la igualdad entre los individuos por medio del resarcimiento del daño. La justicia supone personas cuyas relaciones están reguladas por una ley así, la ley se aplica a situaciones en las que es posible la violación de la misma.

Si pensamos la LGAMVLV a la luz de esta reflexión sobre la justicia, podemos afirmar, que una de las implicaciones prácticas de esta ley es restablecer la relación de igualdad que trastocó el agresor; lo que implica la indemnización, compensación y restitución del bien perdido. En el caso de la violencia feminicida, esto se traduce en acciones concretas como esclarecimiento sobre los hechos ocurridos, averiguación con perspectiva de género, publicación de la verdad, dignificación de la víctima, atención médica y psicológica de la víctima y sus familiares, entro otras.

El acceso de la mujer a la justicia entraña la reparación del daño perpetrado contra las mujeres y sus familiares. Acciones que incluyen ese reordenamiento político, social, institucional y económico denunciado por Marcela Lagarde. Se trata de transformar las condiciones actuales en las que se establecen las relaciones entre hombres y mujeres. La erradicación de la violencia contra la mujer no depende únicamente de un dispositivo punitivo que mágicamente impida la violación y trasgresión de los derechos de las mujeres. Se busca erradicar las relaciones de dominación, subordinación, sojuzgamiento, explotación y opresión que crean y reproducen las condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión social por las que el cuerpo de la mujer se dispone como objeto sexual-desechable y que posibilita el caso más extremo de violencia: el feminicidio.

Las conexiones existentes entre las diversas expresiones de violencia, al no resolverse en la dimensión de la tipificación jurídica ni del mecanismo de la AVG, legitima una vez más la demanda de justicia. Con esto no se busca afirmar que dichas herramientas representen un fracaso, sin embargo resulta fundamental y urgente atender todos los tipos de violencia si lo que se busca es alcanzar la justicia para las mujeres en situación de violencia.

Notas:

[1] http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/normateca/legislacion2014/lgamvlv.pdf

[2] http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/8343/8987

[3] http://www.dianarussell.com/f/femicde(small).pdf

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Ana Miranda Mora es doctoranda en Filosofía Política en la FFyL, UNAM. Profesora adjunta en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Miembro del seminario de Investigación “Otras Rutas del Feminismo en México en el siglo XXI”, PUEG. Ha enfocado su investigación en temas sobre feminismo, violencia, feminicidio y legalidad. Ha colaborado con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

 

*La fotografía es de Gunnar Smoliansky