Transgresoras de la palabra: defensoras de derechos humanos

tumblr_o0lellmCSn1qe0lqqo1_1280

Por Atziri Ávila // @AtzirieAvila

Las defensoras de derechos humanos somos mujeres que de manera individual o colectiva, promovemos y defendemos los derechos humanos universalmente reconocidos. Nuestra razón de ser, deriva ya sea de una decisión propia; de la necesidad de exigir justicia por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos; de la necesidad de alzar la voz; de luchar por una vida digna y de construir la transformación social hacia un mundo más justo e igualitario.

Defensoras de los derechos humanos son las mujeres que luchan en defensa de su territorio en las comunidades indígenas y que las defienden de los megaproyectos y los intereses transnacionales;  las mujeres que exigen medicamentos y atención medica adecuada en su comunidad; las mujeres que defienden el derecho a la educación, los derechos laborales; las mujeres que exigen el cese a todo tipo de violencia contra las mujeres; quienes visibilizan y demandan justicia ante el feminicidio; quienes buscan a sus familiares desaparecidos y recorren largos caminos contra la desaparición forzada; quienes defienden derechos sexuales y reproductivos, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos;  las mujeres que a través de su voz y su palabra difunden los derechos humanos y las violaciones en contra de ellos.

Somos mujeres que hemos transgredido los roles y estereotipos de género; desafiando las normas culturalmente impuestas.

Mujeres que participamos y actuamos para visibilizar y denunciar los abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades municipales, estatales y federales; abusos de empresas nacionales e internacionales que buscan dar continuidad a un sistema patriarcal que deshumaniza cada vez más la sociedad en la que vivimos.

Mujeres que han visto trastocado su proyecto de vida, luego de alguna violación a los derechos, razón que ha hecho que sus casas sean ahora las calles y su motor: la exigencia de justicia.

Desde diversos contextos y espacios, apostamos a la construcción de un mundo en donde los derechos humanos sean respetados, ejercidos y garantizados.

A través de acciones públicas y no públicas combatimos las condiciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres.

Buscamos ofrecer alternativas de emancipación para las mujeres y para la construcción de nuevas sociedades; procesos reflexivos  de construcción  pensamiento crítico y de acciones propositivas para lograr una vida digna.

Sin embargo, a pesar de que el aporte de las defensoras busca ser de beneficio para la sociedad; los interés que tocamos nos colocan en situación de vulnerabilidad a través de la cual hemos sido objeto de diversos tipos de agresiones. Agresiones que violentan nuestro ser mujer, además de cuestionar nuestra labor como defensoras de derechos humanos.

Y es que, las mujeres defensoras de derechos humanos, además del riesgo que enfrentan los defensores varones, enfrentamos riesgos específicos por nuestra condición de género: amenazas de violación sexual; violación sexual; hostigamiento sexual y laboral; amenazas de atentar contra nuestras hijas e hijos; campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista; ridiculización de nuestra sexualidad; feminicidio; entre otras.

Las agresiones se hacen presentes a través de los allanamientos a nuestros domicilios.  En casos documentados recientemente contra mujeres defensoras y periodistas, éstos reflejan claros componentes de género, al dejar sobre sus camas la ropa íntima revuelta; huellas visibles en espacios íntimos, mensajes vinculados con su sexualidad, entre otros.

Las agresiones se hacen presentes también a través de mensajes amenazantes en nuestras oficinas; seguimiento y persecución; campañas difamatorias en nuestras comunidades; mensajes e imágenes agresivas en las redes sociales.

Dichas acciones, además de mermar la labor de las defensoras, generan impactos diferenciados que afectan el trabajo, a la organización a la que pertenecen, su estabilidad emocional, el entorno familiar, entre otros impactos.

En está última década, el incremento de violaciones a los derechos humanos ha incrementado también las agresiones contra las defensoras en nuestro país. A través de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentaron 118 agresiones en 2012; 189 en 2013 y 308 en 2014.

En la mayoría de los casos la impunidad se hace presente y muchas veces son las propias autoridades quienes las agreden.

Ante ello, desde la sociedad civil; desde las propias defensoras de derechos humanos, hemos generado espacios de convergencia, identidad y comunidad; pactos contra la violencia patriarcal; espacios para generar estrategias de protección y prevención; apostamos a la construcción de medidas reales que puedan desactivar la violencia contra las mujeres.

Exigimos al Estado cumpla con la responsabilidad de garantizar el derecho a defender los derechos humanos y políticas de prevención, y apostamos a tejer y construir en Redes de mujeres, porque estamos convencidas de que las redes salvan vidas.

Hemos logrado reconocernos y reivindicarnos como defensoras de derechos humanos, así como nuestra labor y nuestro aporte específico. Sabemos que es necesario que como sociedad civil defendamos y exijamos el respeto a la labor de quienes defendemos los derechos humanos en contextos urbanos y comunitarios, desde donde contribuimos e impulsamos  la transformación para el cambio social.

Sin duda el 2015 ha sido un año que continúa cimbrando nuestro hacer. Pese a los obstáculos: Digna Ochoa, Marisela Escobedo, Josefina Reyes, Manuelita Solís, Bety Cariño, Rocío Mesino, Nadia Vera son mujeres que continúan sembrando nuestra esperanza e iluminando el camino del nuevo mundo que construimos día con día.

Recibimos el 2016 con nuevos retos y desafíos con la firme convicción de continuar ejerciendo nuestra labor. Tenemos sueños y utopías, pero también la claridad de que nuestro actuar cotidiano es legítimo y que impacta positivamente a nuestra sociedad.

Foto_Desinformémonos.JPG

____

Atziri Ávila es comunicóloga social, activista y defensora de derechos humanos y Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

*La foto del principio es de Robert Darch. La segunda es de Atziri Ávila.

Anuncios

La falta de acceso de las mujeres a la justicia: sobre violencia de género en México

Por Ana Miranda // @AnninaMiranda

tumblr_nzsm2xoK381qe0lqqo2_400

“Cada 24 horas se consuman 7.2 feminicidios en México” señaló el coordinador de asuntos jurídicos del INMujeres, Pablo Navarrete, el pasado 9 de octubre en el marco del Foro Nacional “Violencia Feminicida y Alerta de Violencia de Género” realizado en el Distrito Federal. Con esta desalentadora cifra se justifican las Alertas de Violencia de Género (AVG) para dos estados de México. La primera, el 31 de julio de 2015, para 11 de los 125 municipios del Estado de México; la segunda, el 10 de agosto para 8 de los 33 municipios del Estado de Morelos.

El Foro se propuso “brindar herramientas teóricas y prácticas para erradicar la violencia feminicida y explicar el alcance de la declaratoria de la AVG”. Las intervenciones de los participantes confluyeron en una misma preocupación: ¿es la AVG una herramienta efectiva?, ¿cómo garantiza este instrumento los derechos de las mujeres? Los cuestionamientos recogen justificadamente las exigencias de la sociedad civil por la eficacia, el cumplimiento y la implementación de los protocolos de protección de los derechos de las mujeres en situación de violencia.

Lleno de anécdotas, explicaciones sobre cómo funciona administrativamente el mecanismo y detalladas experiencias de los participantes en dichos procedimientos, el Foro fue, sin duda, un ejercicio de exploración y reflexión necesario del cual se debe informar a la ciudadanía. Sin embargo, ante la urgencia de ofrecer acciones preventivas, de seguridad y de acceso a la justicia ante el homicidio sistemático de mujeres por razón de género, dicho Foro se limitó a explicaciones administrativas sin realmente aclarar cómo garantiza este instrumento los derechos de las niñas y mujeres. La AVG como herramienta representa sólo una parte de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) [1] y es un mecanismo legal de carácter inaplazable y que requiere de acciones urgentes por parte del gobierno para enfrentar dicha violencia en un territorio determinado. Pensar que la AVG logrará abatir toda la violencia feminicida, invisibiliza los distintos tipos de violencia (psicológica, física, patrimonial, económica y sexual) que evidenció la LGAMVLV desde el 2007, y que requieren de un tratamiento específico más allá de la AVG.

La creación de la LGAMVLV representa un logro de las diversas demandas de mujeres activistas y académicas por dar respuesta al alarmante contexto de asesinatos de mujeres y niñas en México. En diciembre del 2005 la incursión feminista en el órgano legislativo de México logró poner en la agenda política la desaparición, secuestro, tortura y homicidios de mujeres y niñas en el país. De acuerdo con Marcela Lagarde [2] -feminista que presidió la Comisión Especial que se encargaría de llevar a término la LGAMVLV- esta ley no es punitiva sino que propone un reordenamiento político para abatir las causas de la violencia. La LGAMVLV se diseño como un instrumento jurídico que no busca castigar al agresor sino garantizar el derecho a la vida de las mujeres y asegurar sus derechos. Si bien contempla sanciones -por ejemplo para feminicidio se aplica en el artículo 325 del Código Penal Federal-, debido a su naturaleza administrativa no está en su poder imponer castigos.

Otro objetivo de esta Comisión fue tipificar el feminicidio como delito de lesa humanidad. La elaboración de una categoría que integrara los elementos concretos de esos asesinatos y que evidenciara los diversos tipos de violencia que sufren las mujeres y las niñas, ha sido el resultado de una larga discusión en el debate feminista que logró introducirse en la discusión pública. El feminicidio es un concepto que de acuerdo con sus creadoras, Diana Russell y Jill Radford [3], ubica los homicidios contra niñas y mujeres como parte de la violencia de género, evidenciando con ello su dimensión pública y social. Esta categoría busca mostrar que los homicidios cometidos contra mujeres y niñas no se reducen a homicidios dolosos o culposos. Éstos se distinguen por el conjunto de conductas violentas contra las mujeres, asesinatos perpetrados contra los cuerpos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La diferencia introducida por esta categoría no es un simple matiz que refiere “homicidio en femenino”, es un cambio de perspectiva que busca cuestionar por un lado, la situación en la que viven las mujeres en la actual organización social, económica y política y por el otro, el tipo de relación que las mujeres guardan con sus pares masculinos.

Es importante recalcar los avances que la LGAMVLV ha logrado: al introducir la perspectiva de género y la de los derechos humanos, posibilitó el desarrollo de un aparato legal que considera las diferentes modalidades de violencia y puso en el espacio público la pregunta por la situación jurídica y política de las mujeres en México. Lo que implica reconocer que la violencia contra la mujer no es un hecho privado y familiar, se trata de un tipo de violencia inherente al sistema de relaciones sociales, es decir, es estructural y sistemática. En el contexto de esta ley, la violencia feminicida se inscribe como el conjunto de condiciones de violencia que pueden conducir al feminicidio.

Como se ve, esta ley nació con la intención de transformar las condiciones que vulneran la seguridad y los derechos de las mujeres. El principal objetivo de dicha ley busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica que los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) deben intervenir para prevenir, atender, investigar y reparar el daño, tal como se establece en su artículo 20. Es decir, esta ley implica un reordenamiento político de las condiciones fácticas de las vidas de las mujeres que no se agota en la implementación de un mecanismo como la AVG. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué implicaciones prácticas tiene una ley que no busca castigar?

Para responder este cuestionamiento no se pueden dejar de mencionar algunos de los serios problemas que enfrenta dicha ley en la práctica, entre ellos, la discriminación en las averiguaciones, en los peritajes, el enfrentamiento de las víctimas con funcionarios negligentes y la revictimización de las mujeres en el proceso de investigación. Consideramos fundamental comprender lo que implican conceptos tales como: prevenir, atender, investigar y reparación. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que contamos con una categoría que engloba cada una de estas nociones: la justicia. Sostenemos que uno de los principales problemas para acceder a una vida libre de violencia, radica en la falta de acceso de las mujeres a la justicia.

Para comprender mejor esto, resulta pertinente atender al análisis de la justicia realizado por Aristóteles en la Ética Nicomáquea. En el libro V el filósofo griego, revisa fundamentalmente dos tipos: la justicia distributiva y la justicia correctiva. La primera consiste en la distribución de los bienes compartidos entre los miembros de una comunidad. La segunda, establece los tratos en las relaciones entre individuos y se vincula con la aplicación de la ley de acuerdo a un criterio de igualdad presupuesto entre los individuos. Así, de acuerdo con Aristóteles la ley debe considerar la naturaleza del daño y tratar a ambas partes como iguales, tanto al que comete el daño como a quien lo recibe. Siguiendo esta lógica, el juez intentará restaurar la desigualdad introducida por el daño cometido. Es decir, se trata de igualar la relación de asimetría provocada por el daño, de restablecer el estado de bienestar de quién sufrió el daño. Si bien Aristóteles, considera este tipo de justicia correctiva principalmente como punitiva, consideramos fundamental recuperar esta noción de justicia porque incluye otro aspecto menos reconocido: la reparación de los daños. Este tipo de justicia, trata de restablecer la igualdad entre los individuos por medio del resarcimiento del daño. La justicia supone personas cuyas relaciones están reguladas por una ley así, la ley se aplica a situaciones en las que es posible la violación de la misma.

Si pensamos la LGAMVLV a la luz de esta reflexión sobre la justicia, podemos afirmar, que una de las implicaciones prácticas de esta ley es restablecer la relación de igualdad que trastocó el agresor; lo que implica la indemnización, compensación y restitución del bien perdido. En el caso de la violencia feminicida, esto se traduce en acciones concretas como esclarecimiento sobre los hechos ocurridos, averiguación con perspectiva de género, publicación de la verdad, dignificación de la víctima, atención médica y psicológica de la víctima y sus familiares, entro otras.

El acceso de la mujer a la justicia entraña la reparación del daño perpetrado contra las mujeres y sus familiares. Acciones que incluyen ese reordenamiento político, social, institucional y económico denunciado por Marcela Lagarde. Se trata de transformar las condiciones actuales en las que se establecen las relaciones entre hombres y mujeres. La erradicación de la violencia contra la mujer no depende únicamente de un dispositivo punitivo que mágicamente impida la violación y trasgresión de los derechos de las mujeres. Se busca erradicar las relaciones de dominación, subordinación, sojuzgamiento, explotación y opresión que crean y reproducen las condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión social por las que el cuerpo de la mujer se dispone como objeto sexual-desechable y que posibilita el caso más extremo de violencia: el feminicidio.

Las conexiones existentes entre las diversas expresiones de violencia, al no resolverse en la dimensión de la tipificación jurídica ni del mecanismo de la AVG, legitima una vez más la demanda de justicia. Con esto no se busca afirmar que dichas herramientas representen un fracaso, sin embargo resulta fundamental y urgente atender todos los tipos de violencia si lo que se busca es alcanzar la justicia para las mujeres en situación de violencia.

Notas:

[1] http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/normateca/legislacion2014/lgamvlv.pdf

[2] http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/8343/8987

[3] http://www.dianarussell.com/f/femicde(small).pdf

_____

Ana Miranda Mora es doctoranda en Filosofía Política en la FFyL, UNAM. Profesora adjunta en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Miembro del seminario de Investigación “Otras Rutas del Feminismo en México en el siglo XXI”, PUEG. Ha enfocado su investigación en temas sobre feminismo, violencia, feminicidio y legalidad. Ha colaborado con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

 

*La fotografía es de Gunnar Smoliansky

Mexicanos al grito de puto

El miércoles 19 la FIFA anunció que los aficionados mexicanos debían evitar la palabra “puto” en los partidos del mundial. Una gran cantidad de personas (o las que constituyen mi mundo virtual en Twitter y Facebook) salió en defensa desesperada de la palabra, con frases como “puto no es gay” o “No tiene nada que ver con la preferencia sexual”.

El argumento es que la palabra no es un insulto homofóbico (sólo es un insulto) y que la FIFA no respeta las tradiciones mexicanas (en el caso de que algo que sucede desde el mundial de Alemania 2006 pueda ser considerado tradición), ni nuestro derecho de insultar a alguien por ser pocos huevos, poco hombre, poco macho o algo peor: nena, niña o mujer. Aunque la afición mexicana argumente que “puto” no se refiere a la preferencia sexual de un hombre, resulta innegable que refiere a una carencia en su masculinidad, la cual sirve para denigrar directamente el potencial atlético y deportivo o las capacidades físicas de una persona. Por supuesto, el desempeño atlético no tiene nada que ver con la sexualidad (quisiera ver un hombre heterosexual superar a cualquier atleta de alto rendimiento no heterosexual sólo por tener relaciones con personas del sexo opuesto). Pero el insulto elegido sí pretende (¿para qué negarlo?) apelar a la debilidad y cobardía que “caracteriza” al sexo femenino y, por ende, a los hombres que se comportan como mujeres y se acuestan con otros hombres. De nuevo, se trata de una mezcla complejísima de cateogrías que lo único que demuestra es cuán profunda y arraigada está la homofobia y la misoginia en nuestra cultura. Basta ver cuánta gente se sumó a la defensa del grito mundialista (aunque ni siquiera sea parte de la afición al futbol), y cuánta gente defiende los derechos humanos básicos de mujeres y hombres mexicanos todos los días (aunque evidentemente sea parte de la humanidad).

El problema de esta defensa es que la gente que la hace no se ha sentido discriminada por tener una sexualidad diferente a la heteronormativa. La gente que defiende el uso de la palabra “puto” en el estadio porque “no significa homosexual sino cobarde”, es gente a la que nunca la han visto feo en la calle, le han negado un trabajo, o se ha sentido amenazada por mostrar su identidad sexual abiertamente. Lo peor es que, seguramente entre las personas que defienden el uso recreativo de la palabra puto, haya muchas que sí han sufrido algún tipo de discriminación, de género, racial, física, etaria, etc, pero como en este caso no les toca, no importa. No lo olvidemos: todxs tenemos nuestro puto.

He leído muchas defensas de la palabra “puto”, ya sean artículos serios o comentarios de mis amistades. Las defensas son, francamente, patéticas: “la Real Academia Española sólo define ‘puto’ como ‘homosexual’ en su cuarta acepción” parece ser la favorita. “Puto se usa como cobarde’” y “Yo le digo putos a mis amigos y no se enojan” son algunos de los argumentos que he escuchado a favor del uso de la palabra. Creo que estas defensas están plagadas de falacias, entre ellas que la RAE no representa adecuadamente el español de México, y que lo malo de la palabra “puto” no es su significado sino su connotación (es decir, la carga emocional que tiene).

Quiere llorar

“¡Quiere llorar, quiere llorar!” (como niña, pues)

Pero la peor falacia en la que caen quienes hacen una defensa de “puto” es la de creer que ellxs son es el centro desde donde se miden todas las cosas. Detrás de cada justificación está el razonamiento “si a mí no me ofende, no le debería ofender a nadie”. Todos los argumentos que usan son para intentar engañarse con la idea de que la realidad se ajusta a su experiencia personal. No voy a intentar convencer a nadie de que la palabra “puto” es ofensiva porque hacerlo sería conceder que no lo es. La palabra “puto” es un insulto, aunque a algunos no les parezca. Es una manera peyorativa de referirse a un hombre homosexual y punto. El uso de esta palabra entre la comunidad gay tiene una complicada historia de reapropiación cultural en la que no voy a ahondar.

¿Quiere decir que estoy a favor de que se prohíba el uso de la palabra? Caer en ese extremo es sencillamente fascista: prohibir cualquier palabra, sin importar cuál sea ésta, debería ser inaceptable. Estoy a favor de la reflexión que todo esto implica, de la conciencia del poder de las palabras, de su historia, de su connotación y de lo que dice de un país a nivel cultural. No estoy a favor de que se use de la manera hipócritamente lúdica, como si detrás de cada “puto” no estuviera el afán de hacer menos a alguien en términos de sexualidad.

 

todossomosputos

“En serio, no tiene nada que ver con la homosexualidad”.

Lo que espero que suceda a raíz de este episodio de reacciones colectivas es que nos demos cuenta de la homofobia que pauta el subtexto del día a día mexicano. Lo que defiendo, a lo que exhorto, es a que se deje de usar esta palabra libremente, que la gente deje de creer que es perfectamente normal y aceptable. Si en el estadio, o en un concierto de Molotov en el extranjero, los demás se extrañan con la palabra “puto” no es porque ellos estén mal y nosotros bien. Creo que el primer paso para cambiar una conducta es darse cuenta que existe, así que mientras más nos demos cuenta como país, mejor. También creo en el lema de que “como hablas piensas”, y creo que erradicar la homofobia del discurso cotidiano es un gran avance hacia erradicarla en la práctica.

 

Puto Bieber

“Bueno, a veces sí”.

 

Si la palabra no les genera ningún problema, agradezcan la buena suerte que tienen de no haber sufrido discriminación por sus preferencias sexuales. Y, sobre todo, si quieren seguir usando “puto” como sinónimo de “cobarde” o por ser una imprescindible expresión de nuestra idiosincracia (lo cual es aún más triste porque implica una reivindicación cultural de nuestra misoginia y machismo como si fuera un patrimonio que debemos proteger, algo de lo que sentirnos orgullosxs), construyan una sociedad donde ser homosexual no tenga nada, absolutamente nada, de malo: el día que en México no haya homofobia todos podremos gritar “puto” a los cuatro vientos. Pero les prometo que entonces ya no va a ser divertido gritárselo a los porteros.

 

 Ana Laura Magis Weinberg

Hipatia Argüero Mendoza

 

 

Madres indígenas ¿y sus derechos?

En el marco del día de las madres, quisiera hacer hincapié en algunos acontecimientos ocurridos recientemente, que inevitablemente me llevan a reflexionar sobre un tema directamente vinculado a la maternidad y sin embargo poco visibilizado cuando se habla de ésta.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, son las garantías y condiciones que como personas tenemos para ejercer plenamente nuestra sexualidad y maternidad. Esto implica recibir información suficiente sobre métodos anticonceptivos, acceso a los servicios de salud antes, durante y después del parto, elegir y ejercer una sexualidad libre, placentera e informada, elegir el número de hijos e hijas que se desea tener o elegir no tenerlos, así como un trato digno por parte de los servicios de salud, entre otros.

Hace algunas semanas, nos enteramos de los 17 casos de mujeres indígenas que dieron a luz en los espacios públicos, de los cuales 11 se registraron en el estado de Oaxaca.  Estos sucesos ponen en manifiesto no sólo la falta de acceso a los servicios de salud por parte de la población indígena, sino la violación a sus derechos sexuales y reproductivos, así como la violencia que el Estado ejerce sistemáticamente sobre las mujeres, pues negarles la atención médica –o darles una atención en malas condiciones, inadecuada e inoportuna– es ejercer violencia obstétrica hacia ellas, la cual es una forma violencia de género.

Por su parte, de acuerdo a los datos presentados recientemente por el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), las mujeres indígenas embarazadas tienen un riesgo tres veces mayor de perder la vida que aquellas mujeres que no pertenecen a ninguna etnia, y de éstas, quienes viven en municipios con alta marginalidad tienen un riesgo de morir cuatro veces más alto que las mujeres de zonas urbanas. En este sentido, ser indígena, pobre o vivir en situación de marginalidad, conlleva menores probabilidades de sobrevivencia durante el embarazo. Las condiciones de pobreza, marginación, falta de acceso a los servicios educativos y de salud por parte de la población indígena, son determinantes para que las personas puedan ejercer estos derechos.

Desde de los años noventa se registraron importantes avances a nivel internacional para las mujeres en cuanto a la promoción de la salud y de los derechos reproductivos, plasmados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, efectuada en Cairo, Egipto en 1994. De igual forma, México ha firmado diversos tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará). Por todo esto, es responsabilidad del Estado garantizar la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres, considerando las especificidades y necesidades de éstas de acuerdo a sus condiciones sociales, económicas y culturales, y no verlo solamente como una oportunidad para obtener beneficios económicos, tal como lo manifestó hace unos días la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Por ello en este día de las madres me parece fundamental reflexionar sobre las condiciones y garantías con las que cuentan las mujeres para ejercer una maternidad libre y segura.

Lourdes Gallardo

Va 1 faltan 31

El 24 de abril de 2007 es una fecha histórica para México, pues se aprobó una reforma de ley nunca antes vista en nuestro país y considerada de las más liberales en Latinoamérica: la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, en la Ciudad de México.

Sobra mencionar que la despenalización del aborto es un avance muy importante a nivel de salud pública y también a nivel cultural. Desde esa fecha las mujeres han podido tomar una decisión libre sobre su cuerpo y su embarazo y esto ha dado pie a variadas discusiones sobre la educación sexual, mortalidad materna y la salud sexual y reproductiva del pueblo mexicano; y de Latinoamérica. Al ser pionero en este tipo de leyes, México ha dado el primer paso para que países como Uruguay también incluyan la despenalización del aborto como parte de las reformas a sus leyes.

Sin embargo, aunque esta reforma histórica es muy celebrable, es tan solo un pequeño paso pues la realidad es que apenas el 7.87% (porcentaje aproximado) de la población habita en el Distrito Federal, mientras que el resto continúa en estados donde su decisión es vista como un crimen penado con prisión.

Es verdad que todos los códigos penales estatales consideran el aborto como una acción legal en casos de violación, la mayoría lo permiten cuando la vida de la mujer está en riesgo y Yucatán incluye factores económicos cuando la mujer tiene ya tres o más hijos desde 1992. También es verdad que aunque el aborto esté dentro del margen de la ley, en la práctica son pocos los estados que facilitan la Interrupción Legal del Embarazo. El tabú y los prejuicios continúan.

Este 24 de abril celebremos que cada vez más las mujeres son capaces de tomar decisiones sin ser castigadas, pero tengamos en cuenta de que aún nos falta. ¡Va un Estado de la República, nos faltan 31! Y eso es solo en México.

Despenalizacion-01-01

Texto e imagen: Marie Stopes México


Marie Stopes es una organización para la planificación familiar fundada en 1921 por la doctora Marie Stopes en Inglaterra. En 1972 se internacionalizó y actualmente trabaja en 42 países. En 1991 llegó a México y fundó clínicas de salud sexual y reproductiva en Chiapas. Hoy en día existen seis centros y clínicas de atención especializada médica y psicológica para la planificación familiar, anticoncepción, salud sexual y reproductiva y la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. También cuenta con clínicas en Chiapas y en Oaxaca.

Para más información visita su página:

 http://www.mariestopes.mx/index

Cifras y realidades del aborto inseguro

La Organización Mundial de la Salud estima que 47,000 mujeres mueren cada año a causa de un abortos mal practicados en todo el mundo. Estos números deberían ser suficiente para sacudir a cualquiera, pero las muertes por abortos mal practicados no pueden reducirse a una estadística.

“En los casos en que la tecnología médica está disponible y la interrupción del embarazo puede llevarse a cabo de manera segura, resulta terriblemente injusto que las creencias religiosas y las leyes restrictivas obliguen a las mujeres a arriesgar su vida y sacrificar su futuro por un aborto realizado en malas condiciones. Ante todo, se trata de un asunto de derechos humanos, uno que debe ser atendido de inmediato, particularmente en vista de que en muchos lugares del mundo las leyes liberales establecidas con anterioridad están siendo reevaluadas y reemplazadas por nuevos obstáculos”

– Shweta Krishnan
“Unsafe abortion: Not just a number”

Las cifras sobre el aborto inseguro de la Organización Mundial de la Salud incluyen los siguientes hechos clave:

  • Cada año se practican cerca de 22 millones de abortos inseguros en el mundo, la mayoría en países en desarrollo.
  • Las muertes causadas por el aborto inseguro suman 13% del total de mortalidad materna. El continente africano se ha visto afectado desproporcionadamente, con casi dos tercios del total de muertes relacionadas al aborto.
  • Cada año cerca de 5 millones de mujeres son internadas en el hospital como resultado de un aborto mal practicado.
  • Más de tres millones de mujeres que sufren complicaciones como consecuencia de un aborto inseguro no reciben atención médica.
  • El costo anual de tratar complicaciones graves a consecuencia de un aborto inseguro se estima en 680 millones de dólares.
  • Casi todas las muertes y discapacidades causadas por aborto pueden prevenirse a través de educación sexual, uso correcto de anticonceptivos, acceso a la interrupción legal del embarazo practicada según estándares de seguridad y tratamiento oportuno ante complicaciones.

La interrupción legal del embarazo no es una cuestión ideológica o de creencias, es un asunto de vida y derechos humanos. Conocemos los números y las estadísticas, sabemos que esto sucede en todo el mundo. No se trata de estar de acuerdo o no, sino de crear consciencia sobre una realidad que ningún juicio personal puede alterar. Millones de mujeres mueren por no tener acceso a servicios de salud, por las legislaciones que les prohiben decidir pero no actuar.

En abril de 2014 se cumplen 7 años de que la Interrupción Legal del Embarazo fuera aprobada en el Distrito Federal. Definitivamente es un paso adelante, sobre todo considerando que todo el esfuerzo previo ha prevalecido casi una década. Sin embargo, no es posible vivir en un mundo de derechos centralizados, en el que el acceso a servicios básicos de salud sólo están disponibles en la capital de un país tan grande y diverso como México.

El 7º Aniversario de la ILE en el D.F. es motivo de reflexión y concienciación.  Hagamos que los derechos universales sean en verdad universales y dejemos de reducir el debate a lo que ocurre entre nuestras orejas. Hay mucho por delante. Abramos los ojos.


Fuentes:

Women’s Global Network for Reproductive Rights
http://www.wgnrr.org/blog/11/unsafe-abortion-not-just-number

Organización Mundial de la Salud
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/en/